Córdoba, entre el café y la espera: la vida cotidiana de las familias que peregrinan por una terapia, una prótesis o un turno

Acá en la cuenca, cuando una madre prende la hornalla a las seis de la mañana ya tiene la cabeza puesta en otra cosa: en el turno que le dieron para dentro de tres meses, en la sesión de kinesiología que paga de su bolsillo, en la prótesis que prometieron y nunca llega. Yo lo escucho casi todas las semanas, sentada en la mesa de Nora, una vecina de 52 años que tiene un hijo con discapacidad y que resume la cuestión con una frase que se repite en muchas casas de Córdoba: nosotros vivimos haciendo cola antes de que se abran las puertas.

Esa sensación, que parece una queja de pasillo, acaba de quedar escrita en un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentado el 5 de octubre de 2026, que retrata los obstáculos concretos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al Certificado Único de Discapacidad, a terapias, a prótesis, a medicamentos y a centros de rehabilitación. Lo que el documento hace, en buen romance, es ponerle letra a lo que muchas familias ya cuentan en la vereda: conseguir un turno, mantener un tratamiento o reponer una órtesis puede convertirse en una carrera de obstáculos que se mide en meses y, muchas veces, en pesos.

El primer paso, que ya es una maratón

Para empezar cualquier trámite hace falta el CUD, y la Defensoría relevó que en la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y, según el informe, allí los turnos se otorgan con esperas de dos a tres meses. A ese primer cuello de botella se suman las demoras para conseguir consultas con los especialistas que suelen intervenir en las juntas, otro paso que se suma al calendario familiar y que vuelve a golpear la puerta de la paciencia.

• Certificado Único de Discapacidad: dos a tres meses de espera en hospitales pediátricos de la Capital.
• Prótesis y medicamentos: plazos de cuatro a nueve meses, según lo expuesto por el defensor del Pueblo adjunto Carlos Galoppo.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de nueve a catorce meses.
• Pagos a prestadores: atrasos de varios meses y hasta un año por parte de obras sociales y programas estatales.

Esos números, aclaremos, no anticipan cuánto va a demorar cada trámite particular: son el retrato de lo que el organismo recogió en entrevistas y grupos focales, y por eso describen experiencias más que estadísticas de toda la población. Sirven, eso sí, para entender por qué en la mesa de Nora la conversación vuelve siempre al mismo tema.

Cuando el bolsillo termina pagando lo que el Estado no llega

Mientras las esperas se estiran, las familias no se quedan de brazos cruzados. Una de las madres entrevistadas por la Defensoría contó que desembolsaba entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de haber sostenido la atención por su cuenta durante alrededor de dos años. El informe también registró una sobrecarga de cuidados que recae, otra vez, sobre las mujeres: madres que achicaron su jornada laboral, que resignaron ingresos, que reorganizaron la casa alrededor de los turnos y del transporte. Son tareas que no aparecen en ningún manual, pero que en los barrios pesan tanto como una orden médica.

“Mientras esperan respuestas, algunas familias pagan por su cuenta terapias, transporte y apoyos escolares, y las mujeres suelen ser quienes más reducen su jornada laboral para sostener los cuidados.”Informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba

Prestadores ahogados y números que no cierran

El problema no termina en la puerta de cada casa. La Defensoría también recogió el malestar del otro lado de la cadena: los prestadores. Según el documento, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 los aranceles del nomenclador nacional subieron un promedio del 225%, mientras la inflación acumulada en ese período fue del 336%. En el rubro transporte, la nafta súper aumentó 559% y el valor reconocido por kilómetro, apenas 231%. Esa diferencia, señala el informe, explica por qué algunos servicios se vuelven inviables y por qué las instituciones terminan recortando gastos, profesionales o recorridos para no quebrar.

Cuando cae la tarde, Nora vuelve a la cocina, lava los mate y me dice algo que también está en el informe, aunque con otras palabras: que nadie se hace cargo del todo, que cada familia termina armando su propio parche, y que mientras tanto los meses siguen pasando. La Defensoría lo escribió en un documento oficial; ella lo cuenta con la misma crudeza, mientras ordena la mesa para mañana, que es otro día de turnos, de llamadas y de esperas que acá en la cuenca todavía no tienen respuestas.