El régimen que compatibiliza cosecha y planes sociales se prorroga doce meses más

Vamos a los números. Alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y discontinuos, junto con unos 83.000 hijos de aportantes, están alcanzados por un mecanismo que acaba de ser prorrogado por el gobierno nacional hasta el 1 de septiembre de 2027, según se publicó esta semana en el Boletín Oficial. La medida, contenida en el Decreto 1204/2026, renueva por doce meses la posibilidad de que ese universo de personas conserve asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo mientras cumple con contratos bajo la Ley de Trabajo Agrario.

El esquema funciona desde 2021 y apunta a resolver una tensión conocida por las economías regionales: la temporada de cosecha suele obligar a elegir entre aceptar un empleo registrado o sostener los planes sociales que cubren al hogar durante el resto del año. Con la prórroga, esa disyuntiva se diluye: las partes pueden coexistir sin que el ingreso formal desplace automáticamente los beneficios, y el trabajador sale de la campaña con su cobertura intacta.

Qué cambia en la práctica para el trabajador

La norma alcanza a los trabajadores comprendidos en las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales y a los incluidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial. El decreto fija, además, un piso para los ingresos familiares: las asignaciones familiares pagadas durante estos contratos no pueden ser inferiores al ciento por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de modo que la cobertura no queda por debajo del estándar que reciben los hogares sin empleo formal.

En los hechos, la transición hacia la formalidad plena también está prevista. Cuando un contrato bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte del salario. La redacción busca evitar la pérdida brusca de ingresos cuando el trabajador pasa de un ciclo de cosecha a una relación laboral más estable.

Incentivos para el empleador y cifras de referencia

• Aproximadamente 50.000 trabajadores rurales temporarios están alcanzados por la prórroga.
• Cerca de 83.000 hijos de aportantes quedan comprendidos en el régimen.
• UATRE había estimado en alrededor de 120.000 los puestos de trabajo rural en riesgo si el régimen no se renovaba.
• El régimen se extiende hasta el 1 de septiembre de 2027.

Del lado de la demanda laboral, el esquema contempla una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, una herramienta orientada a promover la registración en un sector con alta informalidad histórica. La prórroga, en este sentido, no solo blinda a los trabajadores sino que sostiene un incentivo fiscal para que los productores convoquen personal por la vía formal.

En comparación con el año anterior, la novedad central es la extensión del plazo, ya que el régimen venía prorrogándose de manera escalonada desde su creación. Respecto del precio en Chile y otros indicadores regionales, no corresponde un contraste en esta nota porque la cuestión debatida es estrictamente normativa y de cobertura social dentro del mercado de trabajo argentino; el costo laboral por kilo cosechado o el tipo de cambio son variables que el material de base no aborda.

La fecha clave para mirar en el corto plazo es el 1 de septiembre de 2027, cuando vence la nueva prórroga. Antes de ese día, el Ejecutivo deberá decidir si renueva el mecanismo, lo modifica o lo deja caducar, y esa decisión volverá a poner sobre la mesa las cerca de 50.000 relaciones laborales que hoy dependen de la coexistencia entre cosecha registrada y red de contención social.