La justicia bonaerense suspendió preventivamente a un camarista de San Isidro y le endilga seis cargos disciplinarios
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios apartó al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de una causa por acoso sexual y otras seis imputaciones formales. La pesquisa continúa con la etapa de prueba.
El hecho se produjo en el marco del expediente que tramita el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, donde se investiga al juez Ernesto García Maañón por la carátula de 'denuncia por acoso sexual y otras faltas administrativas'. Según consta en la causa, el organismo resolvió disponer el apartamiento preventivo del magistrado, quien se desempeña en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro y ya se encontraba en uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial.
El origen de la denuncia
De acuerdo con la información oficial, la pesquisa se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en la cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En su presentación, la mujer describió mensajes atribuidos al juez con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Como respaldo probatorio aportó capturas de conversaciones y audios.
A partir de esa presentación se labró un sumario administrativo y se abrió, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Con posterioridad se acumuló al expediente una presentación efectuada por el Colegio de Abogados de San Isidro.
Los seis cargos formulados
- Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, sobre la base de la denuncia inicial y la prueba acompañada.
- Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes consideradas arbitrarias.
- Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
- Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
- Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
- Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.
Próxima instancia
El jurado es presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores designados por las instancias correspondientes. El proceso continuará con la producción y valoración de la prueba ofrecida por las partes, tras lo cual se resolverá sobre la eventual formulación de cargos y la convocatoria a la audiencia de enjuiciamiento prevista en el procedimiento.
