La Justicia procesó al exagente Raúl Martins por lavado de activos y le trabó un embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa en la que se lo investiga por lavado de activos, y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según consta en la causa a la que tuvo acceso este portal. El expediente, tramitado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, analiza la presunta intervención del exagente de la SIDE en una serie de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos que tendrían como origen la explotación sexual de mujeres.

El hecho se produjo en el marco de una investigación que se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una denuncia anónima recibida en el Ministerio de Seguridad, en la que se advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Con el correr de los meses, la pesquisa se extendió a otros nueve establecimientos y a la operatoria patrimonial del acusado, que incluyó la adquisición de propiedades y la administración de sociedades en la Argentina y en el exterior.

El descargo de la defensa y la cuestión de las fechas

Durante la etapa de indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En su planteo, la defensa cuestionó las fechas de las 26 operaciones que se le atribuyen, vinculadas con la compra de inmuebles y el manejo de firmas, y sostuvo que esas maniobras correspondían a los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012, anteriores al tramo que la Justicia tomó como período firme del delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Además, el escrito argumentó que el único antecedente penal firme se refería al local de Villa General Mitre, ya que las acusaciones referidas a los otros nueve locales habrían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. La magistrada rechazó esa línea argumental y explicó que la constitución de una sociedad con anterioridad al hecho investigado no excluye su utilización posterior para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.

Los argumentos de Servini para dictar el procesamiento

• La jueza consideró que existían elementos de convicción suficientes para avanzar con el procesamiento con prisión preventiva.
• Entendió que la fecha de creación de las empresas no alcanzaba, por sí sola, para descartar las maniobras de lavado investigadas.
• Analizó en conjunto la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del imputado.
• Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura societaria aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

El exagente de la SIDE, de 77 años, permanecía detenido desde 2019, cuando fue arrestado en México. Su extradición desde Cancún estuvo a cargo de autoridades de ese país, que finalmente lo entregaron a la Justicia argentina para que enfrente el proceso en su contra. La resolución conocida en las últimas horas agrava su situación procesal y deja firme la sospecha de que los bienes detectados no se condicen con los ingresos formalmente declarados.

La defensa de Martins ya adelantó que evaluará recurrir la decisión, en línea con la estrategia que venía sosteniendo en torno a la prescripción de algunas maniobras y a la falta de conexión entre las operaciones cuestionadas y el delito previo. En los próximos días, la causa deberá sortear la etapa de elevación a juicio, mientras la magistrada continúa con la producción de pruebas vinculadas a las sociedades investigadas y a los movimientos de fondos detectados en el expediente.