Musimundo quedó a merced de los acreedores: la Justicia declaró la quiebra de Carsa y se abre el cronograma para verificar los créditos
El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia reconvirtió el concurso preventivo en quiebra. La deuda concursal supera los 63.500 millones de pesos, hay 45 locales que no se pudieron vender y más de cien empleados afectados en el norte del país.
Vamos a los números. El 2 de septiembre de 2026, la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia firmó una resolución que terminó de conmover la estructura de una de las cadenas de electrodomésticos con mayor presencia histórica en la Argentina: revocó la apertura del concurso preventivo de Carsa S.A., la sociedad que controla Musimundo, y decretó su quiebra en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras.
La magistrada entendió que existían hechos reveladores del estado de cesación de pagos y que ya no tenía sentido sostener un proceso de reorganización que, en la práctica, no logró encaminarse. La decisión dejó a la compañía formalmente bajo administración judicial, con el expediente recaratulado como "CARSA S.A. s/ Quiebra" y con la sindicatura del Estudio Contable Benítez a cargo de las siguientes etapas.
Una deuda que se multiplicó en ocho años
El pasivo concursal reconocido en el expediente asciende a 63.500 millones de pesos, una cifra que se lee mejor cuando se la compara con la anterior incursión de la firma en el sistema concursal. En 2018, Carsa ya había recurrido al concurso de acreedores con una deuda declarada de 900 millones de pesos: en términos nominales, el pasivo se multiplicó por más de setenta en apenas ocho ejercicios, un salto que da cuenta del deterioro acumulado y de la magnitud del agujero que la Justicia deberá ahora ordenar frente a los acreedores.
A fines de mayo de 2026, antes del pedido formal de concurso, los pasivos bancarios de la compañía sumaban alrededor de 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor, con créditos cercanos a 1.549 millones de pesos. Esa exposición financiera con la banca pública fue uno de los capítulos que motorizó la presentación de julio pasado, cuando la empresa todavía aspiraba a reordenar sus compromisos sin pasar por la quiebra.
Sucursales cerradas y una venta que no prosperó
La crisis se había hecho visible mucho antes del decreto del 2 de septiembre. Musimundo había cerrado veinte sucursales en el nordeste argentino, distribuidas entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La empresa describió esos locales como puntos duplicados en plazas donde la marca ya tenía más de un establecimiento, una explicación técnica que, según allegados a la sociedad, dejó más de cien puestos de trabajo afectados.
En paralelo, la dirección de Carsa negoció durante semanas la venta de 45 sucursales a los propietarios de On City, la cadena surgida del recambio de marca de Electrónica Megatone. La operación, que hubiera permitido preservar buena parte de la red de venta, no llegó a concretarse. Ante ese escenario, el directorio aprobó el 26 de agosto un plan de reducción de estructura, que la sindicatura evaluó antes de que el juzgado resolviera la quiebra definitiva.
El cronograma que viene: tres fechas para mirar
- 6 de noviembre de 2026: vencimiento del plazo para que los acreedores presenten los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.
- 30 de marzo de 2027: fecha prevista para la presentación del informe individual, en el que la sindicatura analiza cada crédito insinuado.
- 25 de junio de 2027: fecha prevista para el informe general, que consolida el mapa definitivo de acreedores y la graduación de los privilegios.
La quiebra de Carsa reconfigura el mapa de la venta de electrodomésticos en la Argentina y deja a Musimundo en una etapa de liquidación ordenada, mientras el sistema judicial define cómo se distribuyen los activos entre los acreedores. En Chile, donde las cadenas de retail atraviesan procesos de expansión propios, la noticia se lee como un caso testigo sobre los límites del financiamiento bancario en un sector golpeado por la caída del consumo y por la presión cambiaria. La primera fecha clave que hay que mirar es el 6 de noviembre de 2026: ese día se cierra la ventana para que cualquier acreedor se haga presente en el expediente y forme parte del proceso.
