Un enfermero de PAMI Rosario fue condenado a cuatro años y medio de prisión por vender fentanilo y otros medicamentos sustraídos del hospital

La condena contra Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario, quedó firme en el Juzgado Federal de garantías a cargo de Carlos Vera Barros, con intervención de la Unidad Fiscal Rosario. Según consta en la causa, el hombre fue hallado responsable de comercio de estupefacientes, comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, y recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, más una inhabilitación de igual período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos. El hecho se produjo en el marco de un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, ratificado en audiencia del 4 de septiembre, por el cual el imputado reconoció los hechos, su participación, la prueba reunida, la calificación legal y la pena solicitada.

De qué se lo acusó y cómo operaba

La investigación acreditó que Benavídez, quien se desempeñaba en el Policlínico PAMI II desde 2014, sustraía medicamentos del establecimiento y los ofrecía a través de redes sociales para consumo recreativo. Entre las sustancias comercializadas se identificaron fentanilo y bromuro de vecuronio, este último un relajante muscular de uso hospitalario cuyo carácter nocivo fue ocultado a los compradores, según la calificación legal adoptada en la causa. La pesquisa sumó además el secuestro de una pistola de uso civil durante uno de los allanamientos, elemento que dio lugar al cuarto de los cargos por los que se dictó la condena.

La reconstrucción de las ventas se apoyó en conversaciones y mensajes de audio extraídos del teléfono de un hombre de 37 años hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. Esos intercambios, incorporados al expediente federal, permitieron acreditar que el enfermero ofrecía sustancias propias del ámbito hospitalario y coordinaba su entrega con los compradores.

El rol de la denuncia del padre de la víctima

El punto de partida de la causa fue la presentación espontánea del padre del hombre fallecido ante la Unidad Fiscal Rosario, donde aportó el celular y documentación de su hijo. En su denuncia, señaló que el joven consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero. Ese aporte, sumado al análisis del dispositivo, fue determinante para reencauzar el caso hacia la órbita federal, dado que la pesquisa inicial por la muerte había sido archivada en la justicia provincial: la autopsia no logró establecer una causa de muerte y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio en el organismo, lo que dejó la causa toxicológica sin confirmación específica.

• Fentanilo: opioide sintético de uso hospitalario, comercializado fuera del circuito legal.
• Bromuro de vecuronio: relajante muscular de uso clínico, cuya peligrosidad no fue advertida a los compradores.
• Pistola de uso civil: secuestrada en uno de los allanamientos, motivó el cargo por tenencia ilegítima de arma de fuego.
• Teléfono del fallecido: pieza clave para acreditar la mecánica de las ventas y la identidad del vendedor.

Con la homologación del acuerdo, la etapa de instrucción quedó concluida y la sentencia adquirió firmeza en lo que respecta a la responsabilidad penal y al monto de la pena. La instancia que sigue es la ejecución penal ante los organismos competentes, donde se deberán definir las condiciones de cumplimiento de la prisión efectiva y de la inhabilitación profesional y para cargos públicos dispuesta por el tribunal.